Cuando sorprendentemente estamos asistiendo en el escenario de la evaluación medioambiental de la Consejería del correspondiente ramo de nuestra Comunidad Autónoma, a un nuevo replanteamiento –aunque de forma todavía bastante tímida – de la filosofía y praxis que ha de impregnar la observación, el estudio y análisis de la mayor parte de los proyectos urbanizadores que salpican nuestra geografía regional, sobre las premisas de una mayor contención de las actividades destructivas y masificadoras hacia nuestro medio natural, aquí en Collado Villalba, se pretende continuar, según las palabras del Alcalde en el último pleno, con el proyecto lesivo de liquidación de un paraje natural, como es la Chopera, y que constituye el punto y el contrasentido irracional, es decir, la excepción que confirma la regla, a este nuevo rumbo que está imprimiendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, más en concreto, en su departamento de Evaluación Ambiental.
Así, de esta manera, y nos congratulamos por ello, nos podemos encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, como municipios de la depresión y llanura sedimentaria como son Brunete, Ciempozuelos, Móstoles, El Álamo, Alcobendas, Meco y Navalcarnero, por ejemplo, para la aprobación de sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana, han tenido que rebajar sustancialmente el número de viviendas a construir. El caso de Móstoles es paradigmático en relación a las semejanzas con Collado Villalba por la instalación de un nuevo hospital en sus respectivos términos, puesto que para poder llevarlo a cabo han tenido que realizar una revisión del planeamiento anterior en toda regla ( y no una superficial modificación puntual, como se quiere hacer aquí ), pese a que, además, la zona donde se va a ubicar, era ya de por sí anteriormente urbanizable, y teniendo en cuenta también, muy importante ello, que en el caso mostoleño SÍ que se ha emitido la DIA en los plazos estipulados por ley ambiental.
Una de las nuevas medidas en las que se sustenta esta nueva orientación en la política evaluatoria son los denominados Informes de Impacto Territorial, cuya principal característica supone el mandato informativo e impedimento de la recalificación de terrenos limítrofes con otros municipios “para mantener franjas de protección ambiental”, de obligado cumplimiento para municipios tan desarrollados como Parla, por ejemplo, y Alpedrete, pueblo conocido por todos, cuyo sector Polvorines se va a ver afectado por tal medida, siendo una zona muy próxima a la Chopera de C. Villalba, que está encuadrada en la zona norte del término municipal villalbino protegida por leyes ambientales tal y como indica el Informe de Análisis Ambiental del PGOU, y muy cercana a las lindes municipales alpedreteñas a través de la Cerca del Montero, demarcación calificada como Monte Preservado.
Ante este panorama, está claro que la única baza que juega el Consistorio villalbino ante la Comunidad de Madrid para justificar la no inclusión de los terrenos colindantes a la A-6 y a la ITV como idóneos para la ubicación del hospital en el Estudio de Alternativas que enviaran a la Consejería, será que el sector del Caño de la Fragua ya está afectado por un plan parcial, a lo que nuestro colectivo responderá adecuadamente tratando de desenmascarar tamaña mentira, puesto que aquel es posterior a la formal petición que realiza la Comunidad de Madrid, y además, en contra de lo que dice José Pablo González, la legalidad de la aprobación del Plan Parcial está todavía en entredicho hasta que no se pronuncien definitivamente los tribunales, entre otras cosas, por manifiestas irregularidades en su aprobación, como es por ejemplo, haber sobrepasado el plazo del primer cuatrienio de aprobación del Plan Parcial.
Así, de esta manera, y nos congratulamos por ello, nos podemos encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, como municipios de la depresión y llanura sedimentaria como son Brunete, Ciempozuelos, Móstoles, El Álamo, Alcobendas, Meco y Navalcarnero, por ejemplo, para la aprobación de sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana, han tenido que rebajar sustancialmente el número de viviendas a construir. El caso de Móstoles es paradigmático en relación a las semejanzas con Collado Villalba por la instalación de un nuevo hospital en sus respectivos términos, puesto que para poder llevarlo a cabo han tenido que realizar una revisión del planeamiento anterior en toda regla ( y no una superficial modificación puntual, como se quiere hacer aquí ), pese a que, además, la zona donde se va a ubicar, era ya de por sí anteriormente urbanizable, y teniendo en cuenta también, muy importante ello, que en el caso mostoleño SÍ que se ha emitido la DIA en los plazos estipulados por ley ambiental.
Una de las nuevas medidas en las que se sustenta esta nueva orientación en la política evaluatoria son los denominados Informes de Impacto Territorial, cuya principal característica supone el mandato informativo e impedimento de la recalificación de terrenos limítrofes con otros municipios “para mantener franjas de protección ambiental”, de obligado cumplimiento para municipios tan desarrollados como Parla, por ejemplo, y Alpedrete, pueblo conocido por todos, cuyo sector Polvorines se va a ver afectado por tal medida, siendo una zona muy próxima a la Chopera de C. Villalba, que está encuadrada en la zona norte del término municipal villalbino protegida por leyes ambientales tal y como indica el Informe de Análisis Ambiental del PGOU, y muy cercana a las lindes municipales alpedreteñas a través de la Cerca del Montero, demarcación calificada como Monte Preservado.
Ante este panorama, está claro que la única baza que juega el Consistorio villalbino ante la Comunidad de Madrid para justificar la no inclusión de los terrenos colindantes a la A-6 y a la ITV como idóneos para la ubicación del hospital en el Estudio de Alternativas que enviaran a la Consejería, será que el sector del Caño de la Fragua ya está afectado por un plan parcial, a lo que nuestro colectivo responderá adecuadamente tratando de desenmascarar tamaña mentira, puesto que aquel es posterior a la formal petición que realiza la Comunidad de Madrid, y además, en contra de lo que dice José Pablo González, la legalidad de la aprobación del Plan Parcial está todavía en entredicho hasta que no se pronuncien definitivamente los tribunales, entre otras cosas, por manifiestas irregularidades en su aprobación, como es por ejemplo, haber sobrepasado el plazo del primer cuatrienio de aprobación del Plan Parcial.
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